La central sindical lanzó una campaña nacional para convertir la aprobación de la norma de la OIT en derechos efectivos para quienes trabajan mediante aplicaciones digitales. La estrategia incluye 18 talleres, una recolección de firmas y presión sobre el Gobierno y el Congreso que asumirá en 2027.

La central sindical reclama publicar el contrato antes de su firma y evaluar cuánto recibirá el Estado por la explotación del yacimiento. El planteo se produce en medio de un déficit fiscal proyectado de USD 4.412 millones para 2027 y cuestionamientos al impacto del acuerdo sobre los ingresos públicos.

La central sindical entregó al Gobierno un pliego para la negociación del sector público 2026. Además del aumento salarial, exige reducir desigualdades entre organismos estatales, avanzar hacia las 40 horas semanales y prevenir despidos arbitrarios.

Organizaciones sindicales y sociales convocaron a movilizarse el 19 de noviembre contra el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Cuestionan cambios impositivos, mayores aportes a salud y recortes que podrían afectar el empleo público y los servicios estatales.