En distintos países de América Latina, las discusiones sobre el tiempo de trabajo, las reformas laborales y la libertad sindical han adquirido un lugar central en la agenda de gobiernos y organizaciones de trabajadores. Los procesos no son homogéneos: mientras en Brasil y México avanzan iniciativas para reducir la jornada laboral, en Argentina una reforma incorporó mecanismos de flexibilización del tiempo de trabajo y en Panamá las organizaciones sindicales denuncian restricciones a su actividad. En conjunto, estos casos muestran que las reglas que organizan las relaciones laborales continúan siendo objeto de disputa.
En Argentina, la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802 introdujo cambios en materia de jornada, horas extras y banco de horas. La norma permite extender la jornada diaria hasta 12 horas mediante acuerdo escrito e incorpora un sistema de compensación de horas extraordinarias. La reforma fue cuestionada por las organizaciones sindicales y posteriormente impugnada judicialmente. En marzo, una medida cautelar suspendió inicialmente la aplicación de más de 80 artículos de la ley, aunque posteriormente esa decisión fue dejada sin efecto mientras continúa el litigio de fondo.
La jornada laboral, entre la reducción y la flexibilización
En otros países, el debate se desarrolla en sentido diferente. Brasil avanzó en el Congreso con una propuesta para reducir la jornada semanal de 44 a 40 horas y eliminar el régimen 6×1, mientras las centrales sindicales mantienen la movilización para impulsar su tratamiento en el Senado.
En México, el Congreso aprobó una reforma constitucional para reducir progresivamente la jornada de 48 a 40 horas semanales, sin disminución salarial. El movimiento sindical acompañó el objetivo, aunque algunas organizaciones plantearon observaciones sobre su implementación.
En Chile, organizaciones afiliadas a UNI Américas cuestionaron las políticas del gobierno de José Antonio Kast y advirtieron sobre sus efectos en los derechos laborales y las condiciones de trabajo.
La disputa también alcanza directamente el derecho a la organización y la acción sindical. En Panamá, la OIT estableció un seguimiento sobre las denuncias vinculadas con la libertad sindical y otorgó al Estado un plazo para informar sobre las medidas adoptadas frente a las observaciones relacionadas con el Convenio 87. Latam Gremial también registró denuncias de SUNTRACS y CONUSI sobre allanamientos, detenciones y otras acciones que las organizaciones consideran parte de un escenario de persecución contra el movimiento sindical.
Panamá: sindicato vincula allanamiento con el debate sobre libertad sindical en la OIT
En Bolivia, las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana frente a medidas económicas del Gobierno muestran otra dimensión de esta disputa: la capacidad de las organizaciones sindicales para intervenir sobre decisiones que consideran contrarias a los intereses de los trabajadores. Durante el conflicto generado por el Decreto Supremo 5503, la COB sostuvo medidas de fuerza y posteriormente informó sobre un acuerdo con el Ejecutivo para su abrogación, vinculando el resultado con la movilización sindical y popular.
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Estos procesos son algunos de los casos que analiza Sylvia Bonilla-Bolaños en una columna publicada en Nueva Sociedad, donde plantea que conceptos como “modernización”, “eficiencia” y “simplificación administrativa” están acompañando transformaciones en las relaciones laborales de distintos países. La autora sostiene que el problema no se limita a los cambios normativos, sino que alcanza también las instituciones y mecanismos mediante los cuales trabajadores y empleadores canalizan sus diferencias.
Más allá de las diferencias entre cada experiencia nacional, la cobertura de estos procesos permite identificar un punto común: el debate no se limita a cuántas horas se trabaja o a qué modificaciones incorpora una reforma, sino también a quién participa en la definición de esas reglas y qué herramientas conserva el movimiento sindical para intervenir en ellas.
La reducción de la jornada en algunos países, la flexibilización en otros y los conflictos en torno a la libertad sindical muestran que la disputa por las condiciones de trabajo continúa ocupando un lugar relevante en la agenda latinoamericana.
