La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) denunció públicamente un allanamiento realizado en sus oficinas y afirmó que el hecho forma parte de un escenario de persecución contra el movimiento sindical panameño. En un comunicado emitido el 8 de junio, la organización vinculó el operativo con las actividades que desarrolla la Comisión de Normas de la OIT sobre libertad sindical en Panamá y aseguró que se trata de una acción contra organizaciones sociales y sindicales.
Según CONUSI, el procedimiento fue ejecutado por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en las oficinas de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. La organización calificó el hecho como una “acción propia de un ‘Estado policiaco’ y una persecución política” y denunció que el operativo se realizó en medio de un contexto de creciente tensión con sectores sindicales.
Cuestionamientos al procedimiento
En el comunicado, la central sindical afirmó que “esta acción carece de sustento jurídico” y señaló que la orden de allanamiento “es genérica y carece de pruebas efectivas”. Asimismo, sostuvo que las acusaciones se basan en denuncias relacionadas con recursos y declaraciones de la ministra de Trabajo, aspectos que —según la organización— no guardan relación con los hechos investigados.
CONUSI también cuestionó el lugar donde se realizó el operativo. De acuerdo con el documento, “el allanamiento estuvo totalmente ilegal porque la orden judicial autorizaba registrar una sede de CONUSI ubicada en Clayton”, mientras que la diligencia se llevó adelante en oficinas situadas en otro corregimiento. La organización sostuvo que esta situación constituye una irregularidad en el procedimiento.
Otro de los puntos destacados en el pronunciamiento refiere al accionar de las autoridades durante la diligencia. La central sindical denunció “otra prueba de abuso de autoridad y atropello a la defensa” y aseguró que abogados presentes en el lugar fueron objeto de restricciones durante el operativo.
Finalmente, el sindicato hizo “un llamado urgente a las organizaciones sindicales, gremios de abogados, la academia y especialistas en Derecho Penal para que alcen la voz en defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad y la libertad sindical frente a las intervenciones políticas del Órgano Ejecutivo”. La organización reiteró su preocupación por las consecuencias que este tipo de acciones pueden tener sobre el ejercicio de la actividad sindical en Panamá.
