Más de 35 representantes de 16 organizaciones participaron en Lima de una reunión de coordinación para acordar el plan de trabajo y fortalecer la defensa de los derechos laborales.
La iniciativa busca registrar amenazas, despidos, recortes de beneficios y otras formas de presión vinculadas con las preferencias políticas de los trabajadores durante las elecciones de 2026.
La organización señala el robo de equipos y advierte sobre puntos vulnerables en las instalaciones, mientras cuestiona el uso de cámaras para controlar al personal.
Las organizaciones solicitaron una audiencia con la Presidencia de la República para plantear medidas sobre empleo, emergencia sectorial, sostenibilidad de la actividad y asistencia económica a trabajadores afectados.
La nueva legislación busca garantizar una remuneración justa, fortalecer los controles sobre las operaciones de transporte y vincular las condiciones laborales con la seguridad vial y la sostenibilidad del sector.
