Los inspectores de trabajo de Perú anunciaron una huelga nacional indefinida a partir del 26 de octubre para exigir mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas dentro de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). El sindicato sostiene que la demora en la implementación de una nueva escala remunerativa, autorizada por ley, mantiene postergado un reclamo que lleva años sin resolverse.
La protesta también apunta a la pérdida de competencias de la SUNAFIL sobre las microempresas, una modificación que, según la organización, fragmentó el Sistema Nacional de Inspección del Trabajo y debilitó la capacidad de fiscalización. El sindicato reclama que el Poder Ejecutivo y el Congreso restituyan esas atribuciones al organismo nacional.
Salarios pendientes y condiciones de trabajo
En su comunicado, los trabajadores sostienen que la escala remunerativa lleva más de una década sin actualizarse y reclaman una estructura salarial acorde con sus responsabilidades y con la de otras entidades fiscalizadoras del Estado, como la SUNAT, el OEFA y OSINERGMIN.
La organización recuerda que la Ley 32486 autorizó una nueva escala remunerativa para el personal de SUNAFIL bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Posteriormente, la Ley 32679 modificó las disposiciones presupuestarias para viabilizar su implementación durante 2026. Sin embargo, según el sindicato, todavía resta la aprobación del decreto supremo correspondiente para que la nueva escala entre en vigencia.
Los inspectores también reclaman condiciones de trabajo adecuadas, incluidos locales propios, movilidad suficiente, ropa de trabajo y equipamiento informático. En su pronunciamiento, sintetizaron el conflicto con una contradicción institucional: “Somos inspectores de trabajo reclamando derechos laborales como igualdad y no discriminación, pago de remuneraciones y condiciones de seguridad y salud en el trabajo”.
Una huelga que interpela al sistema de inspección
El reclamo no se limita a los salarios. El sindicato advierte que la transferencia de competencias sobre las microempresas a los gobiernos regionales debilitó la autoridad central de inspección y redujo, según su evaluación, la capacidad de ofrecer una fiscalización uniforme e independiente.
La organización exige que se restablezcan las competencias de SUNAFIL y que se apruebe la nueva escala remunerativa, al tiempo que reclama recursos y condiciones adecuadas para desarrollar las inspecciones. La huelga anunciada para el 26 de octubre trasladará estas demandas al centro de la discusión sobre el funcionamiento del organismo encargado de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales en Perú.
