La vigilancia de dirigentes sindicales y las restricciones a las cuentas bancarias están en el centro de las denuncias que la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera expresó su preocupación por el posible uso de los servicios de inteligencia del Estado para vigilar a sindicalistas, sus familias y sus organizaciones, y reclamó una investigación urgente e imparcial.
El conflicto también alcanza el funcionamiento financiero de los sindicatos. Según la comunicación de la ICM, CONUSI denunció el cierre de sus cuentas en dos entidades financieras, incluido el Banco Nacional de Panamá, mientras que SUNTRACS habría sufrido el congelamiento y la imposición de restricciones sobre sus cuentas.
De acuerdo con las organizaciones, estas medidas dificultan el acceso a sus propios fondos y el desarrollo de sus actividades habituales. La ICM sostiene que cualquier restricción debe contar con una base legal, procedimientos transparentes y garantías efectivas.
Libertad sindical bajo cuestionamiento
La organización internacional vincula estas denuncias con otras situaciones que describe como parte de un patrón de acciones antisindicales, entre ellas el hostigamiento judicial contra dirigentes, las redadas, las limitaciones a las actividades sindicales y los obstáculos a la negociación colectiva. En ese marco, advirtió que la vigilancia y la infiltración en actividades sindicales legales pueden vulnerar el derecho a la privacidad y las garantías de la libertad de asociación.
“Los sindicatos no son enemigos del Estado”, sostuvo el sindicato global, que cuestionó que los trabajadores puedan ser tratados como una amenaza por organizarse o expresar sus reclamos. La organización también reclamó que se determinen las responsabilidades correspondientes por las irregularidades denunciadas.
La internacional pidió a la OIT que examine la información presentada por CONUSI y SUNTRACS y envíe una misión de contacto directo a Panamá para evaluar la situación y contribuir a garantizar protecciones efectivas para la libertad sindical.
