La prioridad legislativa al proyecto de ley de reajuste del sector público fue solicitada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) junto a las organizaciones afiliadas, entre ellas la ANEF, ante el retraso en el ingreso de la iniciativa al Congreso. Desde la multisindical advirtieron que una demora en la tramitación podría afectar los ingresos de miles de funcionarias y funcionarios del Estado durante el mes de enero.
La coordinadora de la Mesa del Sector Público de la CUT, Laura San Martín, calificó la situación como inédita y subrayó la necesidad de avanzar con celeridad en la discusión parlamentaria. En ese marco, sostuvo que la urgencia legislativa es clave para resguardar principios como el trabajo decente, la estabilidad laboral y la libertad sindical en el empleo público.
El reajuste del sector público y el impacto en trabajadores a contrata y honorarios
En la misma línea, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, llamó al Gobierno entrante a avanzar hacia un Estado que actúe como buen empleador, con condiciones laborales y remuneraciones justas para quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos. Desde la central señalaron que el proyecto debe ser despachado a más tardar el martes 6 de enero para evitar perjuicios salariales.
Desde la ANEF, su presidente nacional, José Pérez Debelli, respaldó el planteo de la CUT y expresó: “Esperamos que la aprobación sea con la celeridad que se merecen las y los trabajadores públicos. No queremos que se complejice ni se enrede algo que dice relación con derechos fundamentales (…) las y los funcionarios públicos cumplimos labores permanentes en el Estado de Chile”. Además, remarcó que existen espacios para debatir los cargos de exclusiva confianza política, pero advirtió que no deben confundirse esos debates con la situación de quienes cumplen funciones permanentes.
Finalmente, la CUT reiteró que el proyecto de ley de reajuste del sector público no busca proteger cargos políticos, sino resguardar a las y los trabajadores a contrata y honorarios, que representan cerca del 70 % del empleo público y desempeñan tareas esenciales en hospitales, escuelas y distintos servicios del Estado.
