La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT) exigió al Gobierno y a la Asamblea Nacional que transparenten las condiciones del acuerdo negociado con la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC, para el campo petrolero Sacha. La organización reclama conocer las inversiones, tarifas, garantías y compromisos de venta de crudo antes de la firma del contrato, y advierte que Ecuador podría comprometer ingresos futuros sin una evaluación completa de sus costos.
El cuestionamiento se produce durante la discusión del presupuesto 2027, que proyecta un déficit de USD 4.412 millones, contempla gastos por USD 50.213 millones y prevé USD 13.671 millones de financiamiento mediante deuda interna y externa. En ese escenario, la CEDOCUT sostiene que es necesario determinar cuánto dinero quedaría en las cuentas públicas después de cubrir los servicios contratados y los compromisos petroleros. «Ecuador no puede comprometer sus ingresos petroleros futuros sin conocer el costo para el país», señaló la confederación en su pronunciamiento del 5 de noviembre.
Campo Sacha: el reclamo por la renta petrolera y el control estatal
Para fundamentar su cuestionamiento, la confederación compara los resultados económicos de Sacha y Auca entre 2016 y 2026. Según las cifras del comunicado, ambos campos registraron producciones promedio cercanas a los 69.000 barriles diarios, pero la renta estimada para el Estado fue de USD 54,26 por barril en Sacha y USD 31,83 en Auca. La diferencia acumulada entre ambos se estima en USD 4.815,61 millones. A partir de esos datos, la organización sostiene que se necesita «una evaluación del contrato con sus propios costos, plazos y condiciones».
La CEDOCUT también reclama un calendario público de desembolsos para salud, educación, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los gobiernos locales, con información mensual sobre los pagos realizados y los atrasos pendientes.
Además, exige que trabajadores y comunidades de Orellana participen en la fiscalización de la negociación y que se establezcan garantías sobre los derechos laborales, el control operativo y los costos de eventuales derrames, remediación y cierre de pozos. «La CEDOCUT se opone a cualquier contrato que reduzca la renta pública de Sacha o comprometa el control efectivo del Ecuador sobre este campo», afirma el pronunciamiento.
El reclamo adquiere relevancia porque Petroecuador sostiene que conservará la propiedad estatal de los recursos y la operación y el control del campo, mientras que las condiciones específicas del contrato todavía están pendientes. La central sindical plantea, sin embargo, que esas garantías deben traducirse en compromisos verificables antes de cerrar la negociación. Su pregunta central es: «¿Cuánto quedará para el Estado después de pagar los servicios contratados y cumplir los eventuales compromisos de venta de crudo?».
