La implementación de la jornada laboral 5×2 en Brasil abrió una nueva disputa sobre el alcance de la negociación colectiva y las condiciones en que se aplicará la reducción horaria. La Central Única de los Trabajadores (CUT) y otras cinco centrales presentaron memoriales ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para cuestionar aspectos de la decisión del ministro Flávio Dino. Aunque reconocen los avances de la Enmienda Constitucional 141/2026, las organizaciones advierten que «la principal preocupación es que la flexibilidad permitida termine por reducir el papel de los sindicatos en las negociaciones y debilitar los derechos» que busca garantizar la reforma.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad de que las empresas distribuyan las 42 horas semanales en cinco jornadas de hasta 8 horas y 24 minutos, sin pagar como extras los 24 minutos que excedan las ocho horas diarias. La decisión de Dino habilita esa modalidad si no se alcanza un acuerdo colectivo antes del 15 de diciembre de 2026. Frente a ese criterio, las centrales sostienen que «una empresa no puede decidir por sí sola cómo distribuir la jornada laboral» y reclaman que cualquier ampliación del tiempo diario dependa exclusivamente de la negociación con los sindicatos.
Jornada laboral 5×2 en Brasil: los sindicatos alertan por los descansos y la pérdida de beneficios
Las organizaciones también cuestionan la posibilidad de flexibilizar los períodos de descanso mediante acuerdos colectivos. En su presentación, advierten que la compensación de días libres podría derivar en «largos períodos sin descanso», especialmente en actividades como el comercio, el turismo, la agricultura y los servicios, donde existen temporadas de mayor demanda. Por eso, reclaman que se mantenga la garantía de al menos un día de descanso semanal y un promedio de dos días al mes, con excepciones justificadas por las características de cada actividad y resguardos para la salud de los trabajadores.
Otro foco de conflicto es el plazo de 90 días previsto para revisar las cláusulas de los convenios colectivos vigentes. Las centrales advierten que ese período podría ser utilizado por las empresas para presionar por la eliminación de bonificaciones, subsidios, días adicionales de descanso y participación en las ganancias. En ese sentido, sostienen que «la reducción de la jornada laboral no puede canjearse por la retirada de las prestaciones» y piden que los beneficios ya conquistados no queden sujetos a nuevas concesiones empresariales.
La disputa llegó al STF: el 16 de noviembre, el ministro Luiz Fux pidió retirar el caso del debate virtual y llevarlo al plenario presencial, por lo que el referéndum quedó interrumpido. Mientras no haya una decisión definitiva, siguen vigentes las medidas cautelares de Dino, incluido el inicio de la transición a 42 horas semanales y dos días de descanso remunerado el 16 de diciembre de 2026.

