Se propuso la instalación de una “función de inspección”, que permita que los participantes sindicales verifiquen el cumplimiento de los términos del acuerdo.
La propuesta busca contribuir a la elaboración de medidas concretas para favorecer la recalificación y la protección de derechos laborales en el sector público.
La iniciativa surge como una respuesta para el gran número de mujeres que labora en industrias altamente feminizadas como la confección o la electrónica, con trabajos mal pagos y bajos niveles de sindicalización.
El objetivo es brindar una herramienta a las organizaciones sindicales de la educación para que promuevan el respeto a la identidad de género y la orientación sexual en sus espacios.