Según datos de la Confederación de Trabajadores de la Función Pública Federal (Condsef) y la Federación Nacional de Trabajadores de la Función Pública Federal, dirigentes de los principales sindicatos que representan a los funcionarios públicos votaron a favor de la aceptación de la propuesta que garantiza un reajuste del 9 % en los salarios.
La nueva remuneración se contempla a partir del 1 de mayo, con pago en junio, y un aumento de R$ 200 en el valor de la asignación de alimentos.
En la propuesta se incluyen conceptos sin impacto retributivo, como la revocación de actos administrativos lesivos para los funcionarios y servicios públicos, según el informe publicado por la CUT. El gobierno sigue comprometido con la reanudación de las mesas de negociación sectoriales con las distintas carreras del Ejecutivo.
El último reajuste de algunas categorías fue en enero de 2017, con el último tramo de un aumento promedio de 10,8%, propuesto durante el gobierno de Dilma Rousseff (PT) antes del golpe y que se dividió en dos años (2016 y 2017).
El Gobierno deberá remitir al Congreso Nacional un Proyecto de Ley con el objeto de modificar la previsión presupuestaria del Anexo V, numeral 5.1, de la Ley de Presupuesto Anual. Con base en esta reforma, se podrá garantizar la tramitación de otro Proyecto de Ley que se ocupará del ajuste salarial, considerando los límites presupuestarios y legales.
