La informalidad laboral alcanza al 47,4% de las personas ocupadas en 15 países de América Latina, pero su incidencia varía considerablemente según la actividad económica. En 2025, la tasa llegó al 80,4% en agricultura, silvicultura, caza y pesca, y al 70,4% en construcción. En contraste, el grupo integrado por minería, industria manufacturera, electricidad y servicios financieros registró un 31,3%, según una nueva nota técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las diferencias responden a características específicas de cada actividad: en el sector agrícola influyen la estacionalidad y la dispersión territorial, mientras que en la construcción pesan la subcontratación, la rotación laboral y el predominio de obras pequeñas. Sin embargo, el informe identifica otro problema: fuera de la agricultura y la construcción, más de la mitad de los empleos informales se encuentra en unidades económicas del sector formal. Esto significa que registrar una empresa no necesariamente garantiza que sus trabajadores tengan contratos, protección social y derechos laborales.
Informalidad laboral: políticas específicas y protección social
«No podemos abordar la informalidad con las mismas medidas en todos los sectores. Las barreras que enfrenta una persona trabajadora en la agricultura son distintas de las que existen en la construcción o el comercio», señaló Efraín Quicaña, especialista regional de la OIT. El organismo propone identificar sectores prioritarios según su relevancia económica y social, las oportunidades de transformación y la viabilidad de las intervenciones, mediante el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.
La publicación también plantea que productividad y formalización deben avanzar juntas. La falta de acceso a financiamiento, tecnología, formación y mercados puede limitar el desarrollo de las unidades económicas, pero operar en la informalidad también restringe la protección de quienes trabajan. Por eso, la OIT propone combinar políticas de desarrollo productivo con mejoras salariales, protección social y cumplimiento de los derechos laborales. El documento recoge experiencias de Argentina, Colombia y Perú, y se enmarca en la estrategia FORLAC 2.0 (2024-2030) y la Recomendación 204 sobre la transición de la economía informal a la formal.
El debate retoma una discusión central en la agenda laboral internacional: la formalización no puede medirse solamente por la cantidad de empresas registradas, sino también por las condiciones en que se trabaja. La Recomendación 204 y los planteos de organizaciones que representan a trabajadores informales, como WIEGO, insisten en incorporar protección social, libertad sindical y negociación colectiva en ese proceso.
