El próximo martes 13, los casos latinoamericanos ocuparán la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas. Costa Rica con el convenio 122, Guatemala y Perú con el 87 y el salvador con el 144.
Todos se tratan dentro la categoría de “casos individuales”, comisión que se encarga de examinar un cierto número de casos relativos a la aplicación de los convenios ratificados. Estos casos se seleccionan sobre la base de las observaciones publicadas en el Informe de la Comisión de Expertos.
En el caso Cosa Rica, y según las declaraciones de Gerardo Juara, especialista en Derecho Laboral, la central de trabajadores Rerum Novarum será la encargada de denunciar la falta de una política de empleo agravada por la violación de las normas de salarios mínimos, la vigencia de una ley que limita y reduce los salarios de los funcionarios públicos y la falta de información sobre el impacto de las políticas de formación.
Para la central el incumplimiento del Convenito 122 está acreditado entre otras cosas por el aumento de los umbrales de pobreza y pobreza extrema en el país.
A Guatemala, por su parte, lo rigen las observaciones conjuntas del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, de los Sindicatos Globales de Guatemala y de la de Confederación Sindical Internacional. Las denuncias se basan en los actos de violencia general contra dirigentes sindicales y miembros de los sindicatos. Desde 2005 se registró el homicidio de 97 sindicalistas y al menos 46 solicitudes de protección judicial en curso.
Según el análisis de Juara, Perú enfrenta cuestionamientos relativos al convenio 87 de Libertad Sindical. El reclamo, en esta instancia, es impulsado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), la Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú (que agrupa a la Confederación General de Trabajadores del Perú), la Central Unitaria de Trabajadores Perú, la CATP y la Confederación de Trabajadores del Perú recibidas el 1° de septiembre de 2022.
Finalmente el cuestionamiento al incumplimiento del convenio 144 en El Salvador, se tratará en la respectiva comisión, teniendo en cuenta que, en mayo del año anterior tuvo lugar una misión tripartita de alto nivel de la OIT aceptada por el gobierno del El Salvador.
“La Comisión lamentó que cinco convenios de la OIT habían sido ratificados sin consultar a la organización de empleadores más representativa y manifestó su preocupación por los múltiples casos de injerencia de las autoridades en la designación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en los órganos públicos tripartitos y paritarios”, agregó el también dirigente argentino.
Si bien la CST volvió a funcionar, se manifestó las limitaciones de acceso para los representantes sindicales y la falta de convocatoria a la sesión plenaria de los representantes empresarios, “lo que vuelve el funcionamiento una cascara vacía”, sostuvo el especialista.
