Durante la jornada del 13 de junio, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT concentra la discusión en los casos latinoamericanos establecidos en una preselección anterior. Costa Rica, Guatemala, Perú y El Salvador, serán sometidos al debate tripartito, como parte del incumplimiento de las Normas Internacionales del Trabajo.
Costa Rica fue expuesto por vulneraciones al Convenio 122 sobre políticas de empleo, y la vocería del grupo de los trabajadores que fue titularizada por Marta Pujadas de la CGT Argentina, resaltó los efectos negativos de la nueva Ley de Empleo Público, la precarización del trabajo y la vulneración de los derechos laborales.
En ese sentido, Fanny Sequeira Mata, secretaria General de la Central Rerum Novarum hizo hincapié en el accionar actual del gobierno costarricense con la implementación de la ley, la cual impacta en la función del sector público: «Las jornadas de trabajo con modalidades precarizantes de 12 horas diarias, en 4 días, sin el pago de horas extra, abaratando al máximo la fuerza laboral».
En defensa y solidaridad con los trabajadores de Costa Rica se manifestaron Eliana Bagnera, de la CTAT (Argentina); José Olivera, dirigente del PIT CNT (Uruguay), y Ramiro Vega, de la UGT (España).
Por su parte, Marcelo Di Stefano CONTUA/ISP (Argentina), sostuvo que “la aplicación de la ley de empleo público resulta violatoria de la autonomía universitaria, impide la negociación colectiva, y es parte de un plan de amedrentamiento al movimiento sindical”.
Impacto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Eliana Bagnera, integrante del equipo jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina, destacó que dicho convenio ha sido designado por el Consejo de Administración como uno de los cuatro convenios «prioritarios” en razón de su importancia para el funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo.
Asimismo , agregó que la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas impide la negociación colectiva en el sector público, afectando el Convenio 122, “dado que es una herramienta fundamental que establece el diálogo social entre las partes para fijar salarios justos y condiciones adecuadas de trabajo, contribuyendo a la creación de empleo decente y de calidad”.
La especialista solicitó a la Presidencia de la Comisión intervenir con urgencia, ante la evidente falta de políticas activas de empleo y la inminente violación del derecho a obtener un trabajo digno.
