Desde el 8 de septiembre, trabajadores administrativos del sistema educativo colombiano iniciaron una protesta pacífica, encabezada por el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación, que pretende evidenciar el incumplimiento de acuerdos laborales y la falta de respuesta frente a deudas acumuladas que superan los diez años. Esta medida mantiene el cierre del Ministerio de Educación y la parálisis administrativa de las Secretarías de Educación de las 97 entidades territoriales certificadas.
Los más de 30.000 funcionarios administrativos —entre ellos celadores, auxiliares, técnicos y profesionales— desempeñan tareas esenciales para el funcionamiento de las 7.500 instituciones educativas públicas del país. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT Colombia, en su más reciente comunicado, evidenció que enfrentan sobrecarga laboral, enfermedades ocupacionales, discriminación y la negación de derechos adquiridos.
Por su parte, el sindicato de la entidad manifestó que el Gobierno delató soluciones, a pesar de que existe un acuerdo firmado y un concepto favorable del Consejo de Estado emitido en abril de 2025, que aún no ha sido implementado.
Deudas laborales y deterioro de condiciones de trabajo
Las exigencias centrales incluyen la instalación inmediata de una mesa de negociación directa con el Ministro de Educación, el cumplimiento de los compromisos pactados y la certificación y pago de las deudas laborales históricas.
La CUT expresó su respaldo a la movilización y advirtió que, si no se presentan soluciones de fondo antes del viernes 12 de septiembre, acompañará el avance hacia un paro nacional indefinido. Esta medida podría implicar el cierre de miles de instituciones educativas, con impacto directo en estudiantes, docentes y comunidades escolares.
