La Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile (CUT) rechazó el proyecto de ley impulsado por el gobierno de José Antonio Kast para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La central sostiene que la iniciativa podría debilitar la autonomía del organismo, reducir su presencia territorial y limitar sus herramientas de intervención ante vulneraciones de derechos humanos. El pronunciamiento pone el foco en tres aspectos: la composición de su Consejo, el funcionamiento de sus 16 sedes regionales y la posibilidad de presentar querellas penales.
Uno de los puntos cuestionados es la reducción del Consejo de once a cinco integrantes y la eliminación de la elección directa de sus miembros por parte de organizaciones de la sociedad civil. Según la CUT, una disposición transitoria permitiría además que el presidente designe a los cinco integrantes del primer Consejo bajo la nueva estructura. “Una institución que debe fiscalizar al Estado no puede subordinarse al gobierno de turno”, advirtió la central.
Sedes regionales y facultades judiciales, en el centro de la disputa
La CUT también alertó sobre el riesgo de que el INDH pierda presencia fuera de Santiago, al señalar que el proyecto concentraría allí su domicilio institucional y pondría en cuestión la continuidad de sus 16 sedes regionales. Para la organización, el cambio podría dificultar la atención de comunidades que requieren respuestas ante vulneraciones de derechos. Sin embargo, el comunicado no detalla cómo se instrumentaría el eventual cierre de las sedes ni cuáles serían sus efectos operativos concretos.
Otro de los aspectos más sensibles es la facultad de presentar querellas penales. La CUT afirma que la reforma eliminaría esa herramienta, que considera clave para intervenir en procesos judiciales por hechos graves, como tortura y violencia institucional. En ese sentido, reclamó que las víctimas no pierdan una vía de acceso a la justicia y sostuvo que “la independencia del INDH es una condición indispensable para la democracia”.
La central sindical llamó al Congreso Nacional a no aprobar el proyecto en su redacción actual y anunció que se mantendrá en estado de alerta y movilización. El debate legislativo deberá determinar el alcance definitivo de los cambios y sus efectos sobre la autonomía, las facultades y la cobertura territorial del organismo.
