Nueve trabajadores despedidos de la planta de Alimentos Grole, en Ciudad Obregón, Sonora, fueron reinstalados con el pago de salarios caídos y prestaciones completas, mientras que otros dos empleados recibieron liquidaciones conforme a su elección. Con estas medidas, México y Estados Unidos dieron por concluido el caso abierto bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según informó El Economista y confirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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La denuncia se presentó el 29 de julio de 2025 por trabajadores activos y exempleados afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria, Mantenimiento Industrial, Similares y Conexos del Estado de Sonora (SITIES). Según los denunciantes, la empresa había recurrido a despidos e intimidaciones para desalentar la organización sindical y promovido un comité interno que obstaculizaba la representación autónoma. En octubre de ese año, la STPS identificó indicios de vulneraciones a la libertad de asociación y la negociación colectiva, lo que dio paso a un plan de reparación acordado entre ambos gobiernos.
Medidas para evitar nuevas interferencias sindicales
El acuerdo no se limitó a compensar a los empleados afectados. La empresa desmanteló el comité interno cuestionado y estableció un protocolo de acceso para que el SITIES pudiera realizar sus actividades sin interferencias patronales. También implementó capacitaciones sobre libertad de asociación y negociación colectiva, un canal confidencial de denuncias y medidas disciplinarias contra personal administrativo involucrado en las vulneraciones. Estas acciones apuntaron a modificar las condiciones que habían dado origen al conflicto, además de reparar los perjuicios individuales.
El procedimiento se desarrolló mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que permite revisar presuntas denegaciones de derechos laborales en centros de trabajo específicos.
Tras la implementación del plan, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos notificó el cierre del caso y dispuso reanudar la liquidación de las mercancías procedentes de la planta. La resolución muestra cómo una denuncia laboral puede activar consecuencias que exceden el ámbito de la empresa y alcanzan sus operaciones comerciales.
