Representantes de la Organización Internacional del Trabajo mantuvieron una reunión con representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, en miras a construir alternativas conjuntas para garantizar la protección de los denunciantes de irregularidades en el sector público.
“Los trabajadores del sector público son a menudo los primeros en conocer las amenazas o los daños al interés público, por lo que desempeñan un papel fundamental a la hora de exponer las irregularidades y proteger el bienestar de la sociedad y las economías”, destacó el informe del organismo internacional.
Asimismo, el documento propuso la puesta en marcha de leyes y políticas para combatir cualquier forma de represalia, violencia y acoso durante la realización de labores en este sector.
Los participantes coincidieron en que el diálogo social puede ayudar a identificar estrategias para reforzar la protección de los denunciantes, y formar parte de la arquitectura que protege la imparcialidad del sector de los servicios públicos y sus trabajadores de influencias indebidas.
«Los gobiernos y los interlocutores sociales reconocieron que existen lagunas normativas en la protección de los denunciantes y que el diálogo social es clave para diseñar un camino hacia un marco normativo global en línea con el mandato de la OIT», sentenció Wim Vandekerckhove, vicepresidente de los Trabajadores.
