La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acompañó en Cali el “Encuentro sindical sobre conducta empresarial responsable, debida diligencia y derechos humanos en la agroindustria con perspectiva de género y juventudes”, una actividad liderada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para fortalecer capacidades de veeduría, incidencia y diálogo social. La información fue difundida por la OIT a través de su plataforma oficial.
Durante dos jornadas, mujeres, jóvenes y dirigencias sindicales analizaron los retos del sector rural y avanzaron en propuestas para aplicar los marcos internacionales de CER en territorios afectados por desigualdades, conflictividad y precarización laboral. Ana Manrique, coordinadora nacional del Proyecto CERALC de la OIT para Colombia, destacó que el organismo está apoyando “la alineación de políticas públicas con estándares internacionales” y fortaleciendo a los actores del mundo del trabajo para promover prácticas empresariales responsables.
Manrique subrayó la necesidad de instalar mesas sectoriales permanentes de derechos humanos adaptadas a la ruralidad: “Una cosa es dialogar con grandes empresas y otra con pequeños y medianos productores”. La especialista explicó además que la OIT está reforzando la articulación entre las seccionales del Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales para garantizar que las directrices internacionales se implementen en los territorios.
Conducta empresarial responsable y desafíos laborales en territorios rurales
Según expuso el representante de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, Sergio Salazar, el país cuenta por primera vez con un Decreto de Empresas y Derechos Humanos que establece un marco obligatorio de coordinación estatal. Aunque este decreto no impone obligaciones de debida diligencia a las empresas, sí fortalece las condiciones institucionales para promover el trabajo decente, la inspección laboral efectiva y la prevención de riesgos en las cadenas agroindustriales.
Salazar precisó que el Estudio Nacional de Línea de Base —que se publicará el 15 de diciembre— identifica problemáticas que afectan a los trabajadores rurales, entre ellas informalidad, tercerización, brechas salariales, riesgos laborales, exposición a violencias en zonas con grupos armados, debilidades en la protección a defensores sindicales y limitaciones en la negociación colectiva.
Desde la CUT, Fabio Manuel Herrera, director del Departamento de Derechos Humanos, recordó que el sindicalismo colombiano ha logrado avances importantes ante la OIT. “En los últimos cinco años nuestros informes han tenido eco, permitiendo incluso visitas no anunciadas a empresas”, señaló. No obstante, advirtió sobre los altos niveles de riesgo a los que se enfrentan los trabajadores: “Denunciar implica riesgos de despido, agresiones físicas e incluso la vida. En regiones como el Valle del Cauca tenemos casos semanales de amenazas contra nuestros dirigentes”.
Herrera resaltó la importancia de inspecciones preventivas que integren a trabajadores y empresas, y pidió metodologías que protejan a quienes reporten vulneraciones. También insistió en fortalecer el diálogo social para incorporar las necesidades de género y juventudes en las políticas públicas.
