En una audiencia realizada en la Cámara de Diputados de Brasil, diversas organizaciones sindicales del sector público plantearon fuertes críticas a la Reforma Administrativa, conocida como PEC 38/2025, y alertaron sobre sus efectos en el funcionamiento del Estado. La Confederación de Servidores Públicos del Brasil (CSPB) participó del encuentro y expresó su postura, según informó la propia entidad en un comunicado oficial.
Durante la audiencia del 25 de noviembre, el presidente de la CSPB y vicepresidente 1° de la CLATE, João Domingos Gomes dos Santos, calificó la propuesta como “inservible” y afirmó que representa un “golpe legislativo”. Según sostuvo, la PEC 38/2025 presenta elementos “anticonstitucionales”, entre ellos “la ruptura del pacto federativo”, y cuestionó la ausencia de capítulos vinculados a relaciones laborales y negociación colectiva.
Debate legislativo y cuestionamientos a la Reforma Administrativa
Al analizar el contenido del proyecto, el dirigente señaló: “Finalmente, al conocer la PEC 38 entendimos por qué el diputado federal Pedro Paulo siempre decía que no iba a usar ni una coma de la PEC 32/2020. Comprendimos que esa motivación se debe a que la PEC 38/2025 es aún peor”. En ese marco, aseguró que la única estrategia posible es la movilización sindical, al sostener: “Si ellos aumentaron el calibre de 32 a 38, aumentaremos nuestra lucha para enterrar esta PEC una vez más”.
La audiencia, que colmó el Auditorio Nereu Ramos, también reunió a representantes estatales y municipales, delegaciones sindicales y organizaciones internacionales.
Tamara Barbará, referente del área de afrodescendientes de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), intervino en nombre del Frente de Gremios Estatales de Latinoamérica y el Caribe, que reúne a CLATE, ISP y la UIS-SP. La dirigente expuso sobre los desafíos específicos de trabajadores afrodescendientes en el sector público y anunció la realización del 1º Encuentro de Dirigentes Sindicales Afrodescendientes de las Américas y el Caribe en marzo de 2026, en Salvador de Bahía.
Los participantes señalaron riesgos asociados a la Reforma Administrativa, entre ellos la fragilización del Estado, la precarización del servicio público, la pérdida de derechos laborales y la imposición de límites rígidos de gasto a estados y municipios. Coincidieron en que el objetivo inmediato es evitar que la PEC 38 sea sometida a votación en lo que resta de 2025 y trasladar el debate al año 2026.
