Los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de Uruguay, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA), denunciaron atrasos reiterados en el pago de salario, situaciones de persecución sindical y condiciones de precarización laboral en distintos programas sociales.
El sindicato sostuvo que los incumplimientos salariales afectan directamente a quienes desempeñan tareas esenciales en dispositivos territoriales y programas de atención social. En el documento, SUTIGA advirtió que “los atrasos en los pagos se han vuelto sistemáticos” y señaló que la situación genera incertidumbre económica para cientos de trabajadores y trabajadoras vinculados a convenios tercerizados.
La organización también cuestionó el modelo de tercerización aplicado en el MIDES y afirmó que estas modalidades terminan debilitando las condiciones laborales y los mecanismos de protección sindical. Desde el sindicato remarcaron que las políticas sociales “no pueden sostenerse sobre vínculos laborales precarios” y reclamaron avanzar hacia esquemas de contratación con mayor participación directa del Estado.
Salario y denuncias por precarización laboral
En el comunicado difundido por el PIT-CNT, SUTIGA alertó además sobre episodios de persecución sindical y dificultades para ejercer la representación gremial dentro de algunas instituciones contratadas. La organización afirmó que existen trabajadores que enfrentan presiones por participar de reclamos colectivos y sostuvo que estas prácticas afectan la libertad sindical en espacios vinculados a programas públicos.
El sindicato planteó que las tareas desarrolladas en los distintos dispositivos sociales requieren estabilidad laboral y continuidad institucional, especialmente en áreas de atención a poblaciones vulnerables. En ese marco, reclamó la eliminación progresiva de las tercerizaciones y la construcción de mecanismos que garanticen condiciones de trabajo “dignas y sostenibles” para quienes integran el sistema.
Finalmente, el comunicado sostiene que el conflicto excede los atrasos de salario y abre una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la implementación de políticas sociales.
