En la apertura de la segunda semana de la Conferencia Internacional del Trabajo, el caso de El Salvador tomó gran protagonismo en la discusión dentro la Comisión de Normas, demostrando la existencia de violaciones al Convenio 87 sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación.
Los representantes de los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de avances significativos en la implementación del Convenio 87 sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación. En ese sentido, señalaron diversos obstáculos que impiden la libre creación y desarrollo de las organizaciones sindicales:
- Asesinato de sindicalistas: El asesinato de Miguel Vega en 2010 sigue sin resolverse, lo que genera un clima de miedo e intimidación entre los trabajadores.
- Falta de protección: Los trabajadores no cuentan con la suficiente protección frente a despidos antisindicales y otras formas de represión.
- Reformas legislativas pendientes: El gobierno no ha realizado las reformas legislativas necesarias para garantizar la libertad sindical, a pesar de los compromisos asumidos.
“La libertad sindical en El Salvador requiere de una afirmación definitiva que materialice los compromisos que el Gobierno ha manifestado en sus memorias y en oportunidad de su comparecencia en la conferencia en esta Comisión de Aplicación de Norma. Los sindicatos van a devolver ese reconocimiento con participación y calidad democrática para el país en su conjunto”, sentenció Francisco Ayala, dirigente de la Unidad Sindical Salvadoreña.
Por su parte, el representante del Gobierno de El Salvador, Joel Adonay de Paz Flores, reiteró el compromiso de su gestión con la libertad sindical y aseguró que se están tomando medidas para mejorar la situación. Sin embargo, los representantes de los trabajadores consideraron que estas medidas son insuficientes y urgieron a la OIT a tomar medidas más contundentes.
La contundente denuncia de los representantes de los trabajadores ha sido respaldada por la OIT, que ha instado al gobierno de El Salvador a tomar medidas concretas para eliminar estas restricciones y garantizar el pleno ejercicio de la libertad sindical en otras instancias de diálogo.
