La Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) difundió un pronunciamiento en el que manifestó su preocupación por las propuestas de reforma laboral incluidas en el borrador del pedido de delegación de facultades del Ejecutivo. En el documento, la organización sostuvo que el desarrollo del país requiere fortalecer el diálogo social y el trabajo decente, y rechazó iniciativas que, según afirma, podrían afectar derechos laborales y la estabilidad del empleo.
La central sindical señaló que las reformas deben debatirse en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). En ese sentido, afirmó: «Es necesario que las políticas de apoyo a las MYPE y cualquier reforma normativa sean debatidas y canalizadas a través del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). El diálogo tripartito es la única garantía de predictibilidad y paz social».
La organización cuestionó las propuestas de flexibilización laboral
En el pronunciamiento, la CATP indicó que, aunque la presidenta de la República aseguró que promoverá la formalidad «sin afectar ningún derecho laboral», el texto que circula contempla modificaciones vinculadas a la flexibilización de la protección frente al despido, los ceses colectivos, los feriados nacionales y medidas para los trabajadores del sector público. Además, sostuvo que «los derechos fundamentales no son barreras burocráticas; el desarrollo nacional no se construye abaratando la mano de obra, ni poniendo en práctica el despido».
La organización también manifestó que respalda la simplificación administrativa, la digitalización del Estado y la reducción de trabas para la inversión privada, aunque advirtió que «la anunciada ‘desregulación’ no debe aplicarse a las conquistas sociolaborales, la seguridad y salud en el trabajo, la negociación colectiva, la libertad sindical, ni al cuidado al medio ambiente».
Finalmente, la CATP ratificó su disposición al diálogo con el Ejecutivo y sostuvo que, si el llamado a la reconciliación nacional es genuino, el Gobierno debería retirar las propuestas flexibilizadoras y promover acuerdos entre empleadores y trabajadores. El pronunciamiento concluye con un llamado a las autoridades y a la sociedad: «No hay desarrollo económico sin justicia social, ni modernidad sin Trabajo Decente. Convocamos al gobierno a escuchar. Al Congreso a legislar con responsabilidad. Y a los trabajadores a mantenerse informados y organizados».
