La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) rechazó el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Ecuador y Estados Unidos y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el empleo, la producción nacional y la organización sindical. La central sostiene que el instrumento comercial podría condicionar reformas laborales que el movimiento sindical reclama desde hace años y cuestiona que esas modificaciones queden sujetas a concesiones económicas.
En su pronunciamiento, la organización plantea que, aunque no se denomine tratado de libre comercio (TLC), el acuerdo regula aranceles, servicios e inversiones. «La libertad sindical y la negociación colectiva no pueden depender de un tratado de comercio», sostiene la CEOSL, que advierte que, sin garantías laborales, la apertura comercial puede amenazar el empleo decente y el derecho de organización.
El pedido a la Corte Constitucional
La central sindical solicitó a la Corte Constitucional que realice un control integral de constitucionalidad del acuerdo, en el marco del caso N.º 1-26-TI. También reclamó que se garantice la consulta previa a pueblos y nacionalidades y que se escuche a las organizaciones sociales y a los territorios. El pronunciamiento señaló que el plazo para presentar observaciones vencía el 30 de octubre de 2026.
La CEOSL acompañó su rechazo al acuerdo con un pronunciamiento de organizaciones sociales, campesinas e indígenas que advierten sobre posibles efectos en la soberanía, los derechos constitucionales, la naturaleza y los territorios.
«El comercio debe estar al servicio de los pueblos y de quienes sostienen la economía con su trabajo, nunca por sobre sus derechos», afirmaron la presidenta de la CEOSL, Marcela Arellano, y el secretario general, Rubén Baculima. El acuerdo comercial Ecuador Estados Unidos queda así en el centro de un debate que excede las condiciones de intercambio económico y plantea interrogantes sobre las garantías laborales, la participación social y el alcance del control constitucional.
