La reducción de la jornada laboral en Brasil entrará en una etapa de implementación progresiva tras la promulgación de la Enmienda Constitucional N.º 141. La reforma establece un límite máximo de 40 horas semanales, dos días de descanso remunerado y la prohibición de reducir los salarios.
El cronograma contempla una primera reducción a 42 horas semanales y, un año después, el límite definitivo de 40 horas. En diálogo con Latam Gremial, el presidente de la União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, destacó el papel de las organizaciones sindicales en este proceso: «La UGT siempre defendió la reducción de la jornada sin reducción salarial. Esta es una lucha histórica y, por qué no decirlo, la lucha por una jornada laboral digna que motivó la organización de la clase trabajadora en sindicatos».
El dirigente reconstruyó la participación de la central en la campaña por la reducción horaria y destacó la articulación entre las organizaciones sindicales y los representantes políticos. «Desde 2025, hicimos acciones de concientización, como en la Avenida Paulista. Después, la movilización también llegó al Brás; reunimos a dirigentes sindicales de diferentes estados y dialogamos con senadores y con el relator de la propuesta. Este trabajo demuestra que la conquista fue construida con organización sindical y participación de las bases», señaló. Para Patah, la reforma representa «más tiempo para descansar, cuidar la salud y convivir con la familia».
Negociación colectiva y reorganización de las jornadas
Uno de los principales desafíos será adaptar los convenios colectivos y reorganizar los horarios laborales. Patah explicó que las negociaciones deberán contemplar «la jornada, la distribución de los horarios, los turnos, los descansos, las horas extras y la compensación». También señaló que los convenios colectivos podrán establecer condiciones generales para cada categoría, mientras que los acuerdos colectivos permitirán abordar situaciones específicas de las empresas.
En sectores que mantienen actividades durante los fines de semana y feriados, sostuvo que las empresas podrán continuar funcionando, siempre que organicen sus equipos para garantizar los descansos. «Esta posibilidad debe servir para adecuar las escalas, no para mantener la 6×1 como regla general», enfatizó.
La reducción progresiva también obligará a revisar el cálculo de las horas extraordinarias y los mecanismos de compensación. Según explicó el titular de la UGT, «lo que supere la jornada aplicable deberá pagarse como hora extra o compensarse mediante un régimen válido. El adicional mínimo es del 50%, aunque puede ser mayor por negociación».
Sobre el banco de horas, advirtió que su utilización no debe eliminar los períodos de descanso ni convertir el exceso de jornada en una práctica habitual. Además, durante la primera etapa de reducción a 42 horas, los acuerdos colectivos podrán ampliar la jornada diaria normal para distribuir las horas semanales, sin superar el nuevo límite.
El desafío sindical: garantizar el cumplimiento efectivo
Patah consideró que las organizaciones sindicales tendrán una función central en la fiscalización de la reforma. Entre sus responsabilidades mencionó el seguimiento de las escalas, la recepción de denuncias, la orientación a los trabajadores y la intervención ante incumplimientos, incluso mediante la Inspección del Trabajo o el Ministerio Público del Trabajo. «El sindicato es fundamental para que este derecho se cumpla en la práctica. Con la participación de los trabajadores, debe acompañar las escalas, recibir denuncias, orientar a la categoría y exigir medidas a las empresas», afirmó.
También advirtió que la reducción horaria no implica la modificación de las condiciones reales de trabajo: «No puede haber una reducción de la jornada sobre el papel acompañada de más metas, presión u horas extras». Para el dirigente, la adaptación empresarial deberá planificarse sin trasladar sus costos a los trabajadores y garantizar que la reforma se traduzca efectivamente en mejores condiciones laborales.
Para Patah, la reforma constitucional representa un avance en una reivindicación histórica del movimiento obrero brasileño, pero su alcance dependerá de cómo se concrete en los lugares de trabajo. «El desafío es garantizar que el cambio suceda de verdad», sostuvo.
