El Sindicato Nacional de Trabajadores de la SUNAFIL (SISUNAFIL) y el Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la SUNAFIL (SUIT SUNAFIL) convocaron a un plantón nacional para el próximo 27 de mayo con el objetivo de exigir el respeto de los derechos laborales del personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Perú. A través de un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que buscan que “SUNAFIL, entidad fiscalizadora de los derechos laborales, respete los derechos de su propio personal”.
La protesta se realizará frente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Lima y también en las sedes regionales de SUNAFIL en todo el país. Los sindicatos reclamaron una escala remunerativa “acorde con otras entidades de fiscalización”, además de la priorización del pase del personal CAS al régimen 728 y garantías para los trabajadores contratados bajo ese sistema.
Las organizaciones indicaron que la Ley 32486, publicada en noviembre de 2025 y orientada a establecer una nueva escala salarial para SUNAFIL, “no se ha ejecutado”, pese a que la entidad mantiene la misma estructura remunerativa desde su creación. También cuestionaron que la propuesta actual del Ministerio de Economía y Finanzas “no realiza una nivelación con otras entidades fiscalizadoras como la SUNAT, OSINERGMIN y OEFA”.
Derechos laborales y reclamos sobre la inspección laboral
Los sindicatos sostuvieron que el personal de SUNAFIL realiza labores “de alta peligrosidad y estresantes”, incluyendo tareas en zonas de gran altitud, minas, ladrilleras y áreas agrícolas. En esa línea, afirmaron que “la actual escala no permite retener el talento humano”, motivo por el cual consideran necesaria una nueva estructura salarial y la aprobación de distintos proyectos legislativos vinculados al sector.
El pronunciamiento también reclamó que se reincorpore al debate parlamentario el Proyecto de Ley N.º 9621/2024-CR, que propone consolidar a SUNAFIL como “única autoridad central y ente rector del sistema de inspección del trabajo”, con el objetivo de preservar “la autonomía técnica y funcional de la inspección del trabajo” en cumplimiento del Convenio 81 de la OIT.
