Movimientos sociales de la Alianza Pueblo Unido por la Vida denunciaron una presunta estructura clandestina de vigilancia, infiltración y hostigamiento estatal contra sindicatos, defensores de derechos humanos, ambientalistas y líderes indígenas en Panamá. Según un reportaje de teleSUR, las organizaciones identificaron al menos 24 agentes policiales que estarían implicados y señalaron que el perfilamiento incluiría información sobre familiares, viviendas, vehículos y comunicaciones.
De acuerdo con las declaraciones, las organizaciones consideran que la información recopilada podría ser utilizada posteriormente para perseguir a dirigentes sindicales. También señalaron haber constatado la presencia de agentes en movilizaciones y marchas.
Actualmente, Panamá dispone de 60 días para responder ante la ONU y se anunciaron medidas de protección mediante la Defensoría del Pueblo. El caso se mantiene así como una denuncia de persecución y vigilancia que las organizaciones buscan esclarecer por las vías institucionales correspondientes.
Persecución y procesos judiciales bajo cuestionamiento
El reportaje señala que más de un centenar de obreros se encuentran judicializados, junto con jóvenes y líderes sociales, mientras maestros enfrentan procesos administrativos y ambientalistas tienen bienes secuestrados. Según los denunciantes, en algunos casos un agente policial habría presentado la denuncia y posteriormente participado en la elaboración del expediente remitido a las fiscalías, situación que abogados consideran que podría convertir a la Policía en “juez y parte”.
Las organizaciones también cuestionaron la legalidad de algunos procedimientos. Una de las personas consultadas afirmó: “Si eso es así y se determina, muchos de los procesos que tienen nuestros compañeros víctimas no tienen base legal porque iniciaron sin autorización judicial previa”. Asimismo, comparó las presuntas infiltraciones actuales con mecanismos de inteligencia utilizados durante períodos anteriores.
Según la información difundida por el medio, el esquema ya había sido denunciado ante relatores de las Naciones Unidas en Guatemala a través del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Posteriormente, las organizaciones presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría contra el director de la Policía y otros oficiales por presunto espionaje ilegal, violación de la privacidad y uso irregular de fondos públicos.
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— Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) September 9, 2026
