Casi 987.000 trabajadores abandonaron sus puestos el 29 de octubre en medio de una escalada de protestas en la industria de la confección de Bangladesh. Según datos de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir (BGMEA), la actividad se vio interrumpida en 529 fábricas de Dhaka, Gazipur, Mymensingh y la zona de Savar-Ashulia. Las movilizaciones continuaron durante los días siguientes y, según Europa Press, para el 3 de noviembre ya acumulaban cuatro jornadas consecutivas, con alrededor de 200 fábricas cerradas y al menos 50 agentes heridos.
Los reclamos se concentran en tres puntos: elevar el salario mínimo mensual a 30.000 takas, terminar con las listas negras que afectan a trabajadores y reincorporar a quienes fueron despedidos. El 1 de noviembre hubo bloqueos de carreteras en Mirpur y Savar, mientras que la autopista Dhaka-Tangail permaneció cortada durante unas seis horas en Kaliakair, Gazipur. También se reportaron enfrentamientos, actos de vandalismo e incendios en días anteriores.
Salario mínimo en Bangladesh: el Gobierno anuncia una nueva junta
El ministro de Trabajo y Empleo, Ariful Haque Chowdhury, anunció la creación de una junta salarial de seis integrantes para establecer el nuevo salario mínimo del sector. Dirigentes sindicales señalaron que la conflictividad podría disminuir una vez que ese organismo quede conformado. Por su parte, el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, atribuyó los disturbios a una supuesta instigación desde el otro lado de la frontera, pero los informes disponibles no aportaron pruebas verificadas de manera independiente que respalden esa afirmación.
La patronal BGMEA advirtió que las interrupciones pueden comprometer los pedidos de exportación y la continuidad de la actividad. Entre los factores que, según la entidad, agravan la situación mencionó la escasez de gas y electricidad, el aumento de los costos de producción y la inestabilidad internacional. La industria textil es uno de los principales sectores exportadores del país y emplea a millones de personas, en su mayoría mujeres. En ese contexto, el impacto económico de las protestas convive con una discusión pendiente sobre los salarios y las condiciones de trabajo.
El conflicto también se inscribe en un escenario de denuncias previas sobre las dificultades para ejercer derechos sindicales en la industria de la confección. Un informe de Amnistía Internacional sobre Bangladesh y otros países del sur de Asia documentó amenazas, despidos, violencia, detenciones y obstáculos a la organización colectiva. La entidad denunció una «alianza inmoral entre marcas de moda, propietarios de fábricas y gobiernos» vinculada con abusos sistemáticos.
