La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) otorgó a Panamá plazo hasta el 1 de septiembre de 2026 para informar las medidas que adoptará frente a las denuncias relacionadas con presuntas vulneraciones al Convenio 87 sobre libertad sindical. Así lo destacó el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) a través de un pronunciamiento difundido tras la finalización de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Según la organización sindical, la decisión confirma que existe un seguimiento formal por parte de la OIT respecto de los compromisos asumidos por el Estado panameño en materia de derechos sindicales. En ese contexto, el sindicato cuestionó declaraciones oficiales que, a su juicio, buscaron minimizar el alcance de las conclusiones emitidas por el organismo internacional.
“Si las conclusiones ‘no tuvieran efecto’, como afirma la ministra, ¿por qué la OIT fija un plazo específico para que el Estado rinda cuentas?”, planteó SUNTRACS en su comunicado. La organización sostuvo además que “los hechos desmienten el discurso oficial”.
Seguimiento internacional sobre el Convenio 87
El sindicato remarcó que las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas no constituyen una medida simbólica, sino que implican obligaciones concretas para el país. “La OIT no emite estas conclusiones por capricho. Exige respuestas concretas sobre el respeto a la libertad sindical y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Panamá”, señaló.
De acuerdo con el comunicado, el plazo fijado por la OIT establece una instancia formal de seguimiento sobre las observaciones realizadas durante el tratamiento del caso panameño en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Finalmente, SUNTRACS sostuvo que “la fecha límite del 1 de septiembre demuestra que existe un seguimiento formal y que Panamá deberá responder ante la comunidad internacional por las violaciones denunciadas”. La organización consideró que cualquier intento de restar importancia a las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas “engaña a la opinión pública”.
