Mediante un comunicado, la Central Unitaria de Trabajadores junto a otras organizaciones sindicales y sociales exigen un nuevo contrato social que garantice la recuperación económica y que incluya a todos los sectores sociales.
En el documento, se destaca que a pesar de que el Gobierno ha puesto en marcha estrategias para combatir la inseguridad alimentaria, asegurando la producción y distribución de alimentos para evitar la escasez, la estrategia de desarrollo “de libre comercio” ha debilitado las industrias agrícola y pesquera del país.
Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia de la COVID-19 se limitaron a la prevención, y se han levantado ya. La cobertura sanitaria del país avanzó significativamente, y un 98,3% de la población está afiliada al sistema sanitario público. Sin embargo, los sindicatos afirman que persisten las barreras de acceso a los servicios y a los medicamentos.
Las respectivas organizaciones denunciaron que su participación en la implementación de los ODS es prácticamente nula, que persiste la falta de transparencia en la asignación de recursos por parte del Gobierno y que la libertad de asociación ha disminuido en Colombia, que tiene una de las tasas de sindicalización más bajas del mundo.
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En el subtítulo sobre “Trabajo Decente” del informe agregó que para que Colombia reduzca las desigualdades sociales y alcance la meta 10.4 (adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad) aún quedan importantes avances por hacer, ya que, en 2022, el 5% de los individuos más ricos controlaba el 37,2% del PIB, mientras que el 10% más pobre controlaba el 0,89% del PIB. La participación del trabajo en el PIB se situó en promedio en el 33% en los últimos años.
