Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que los gobiernos no están aprovechando plenamente el potencial de la protección social para contrarrestar los efectos de la crisis climática. Según el Informe Mundial sobre la Protección Social 2024-2026, si bien más de la mitad de la población mundial (52,4%) cuenta con algún tipo de cobertura social, las naciones más vulnerables al cambio climático suelen tener los niveles más bajos de protección social,
El informe destaca que en los 20 países más afectados por el cambio climático, el 91,3% de la población, es decir, 364 millones de personas, carecen de algún tipo de protección social. Esta tendencia se extiende a los 50 países más vulnerables, donde el 75% de sus habitantes no tienen cobertura social. «El cambio climático no reconoce fronteras, y no podemos construir un muro para mantener la crisis fuera«, subrayó Gilbert F. Houngbo, Director General de la OIT, enfatizando que la protección social es clave para mitigar los efectos de la crisis.
Uno de los principales problemas identificados por la OIT es la gran desigualdad en el acceso a la protección social, especialmente en grupos como los niños, de los cuales el 76,1% no tiene cobertura efectiva. Además, persiste una importante brecha de género: solo el 50,1% de las mujeres tiene cobertura social, en comparación con el 54,6% de los hombres. La falta de protección es particularmente alarmante, ya que, según el informe, estos programas pueden suavizar el impacto del cambio climático y facilitar una transición más justa hacia economías verdes y sostenibles.
A pesar de su potencial para apoyar a los trabajadores y las empresas durante la transición ecológica, los gobiernos no están invirtiendo lo suficiente en protección social. Los países de ingresos altos destinan un 16,2% de su PIB a estos programas, mientras que las naciones de bajos ingresos solo invierten el 0,8%. Según la OIT, los países más afectados por el cambio climático necesitan 308.500 millones de dólares adicionales al año para garantizar una protección social mínima.
El informe hace un llamado urgente a los gobiernos para aumentar la inversión en protección social y aprovechar su capacidad para impulsar la acción climática. «El imperativo de hacer universal la protección social no es solo ético, sino también práctico», afirmó Houngbo. Con una mayor cobertura, los países no solo estarían mejor preparados para enfrentar las crisis climáticas, sino que también podrían asegurar que la transición hacia una economía más verde y justa no deje a nadie atrás.
