Uno de los principales problemas señalados es la dificultad que tienen los migrantes para validar sus títulos y competencias en el extranjero. Según el documento, «la falta de reconocimiento de habilidades limita el potencial económico de los trabajadores migrantes y perpetúa su exclusión social y laboral». Con lo cual se evidencia la necesidad de sistemas efectivos de FP y CCL que permitan formalizar y aprovechar las competencias adquiridas, facilitando así su inserción laboral.
La formación profesional, según el informe, desarrolla habilidades necesarias para los mercados laborales, mientras que la certificación valida estas competencias y promueve la movilidad laboral. Sin embargo, la OIT señala que la implementación de estas herramientas requiere políticas sólidas y acuerdos internacionales que garanticen el acceso equitativo y sostenido de las personas más vulnerables.
“Es crucial complementar estos servicios con apoyos como cuidados y subsidios para lograr una participación efectiva”, afirma el organismo.
El impacto positivo de la FP y la CCL va más allá del ámbito laboral. La OIT subraya que estas herramientas contribuyen a la estabilidad económica, la inclusión social y la cohesión en los países receptores. Además, el reconocimiento mutuo de competencias entre países no solo facilita la movilidad laboral, sino que también optimiza el aprovechamiento del capital humano. “Estas estrategias promueven la integración socioeconómica y fortalecen la cohesión social en las comunidades de acogida”, menciona el informe.
El documento también recalca la importancia de diseñar estrategias basadas en evidencia, alineadas con las necesidades del mercado laboral y de las personas migrantes. Argumentando que un enfoque de género resulta esencial para garantizar la equidad en el acceso y la participación.
Asimismo, se propone una serie de recomendaciones para mejorar el acceso a la FP y CCL, consolidar marcos normativos y asegurar la sostenibilidad de estos servicios. Entre las acciones prioritarias, se incluye fortalecer la colaboración interinstitucional y el diseño de políticas informadas por datos.
