La Justicia argentina intervino la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los sindicatos industriales más importantes del país, tras declarar la nulidad de las elecciones realizadas en la seccional Campana y de los comicios nacionales que habían consagrado a Abel Furlán como secretario general del gremio.
En un fallo de fuerte impacto político y sindical, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó además el cese inmediato de toda la conducción y dispuso la intervención judicial de la organización por un plazo de 180 días.
El fallo, firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, sostuvo que el proceso electoral “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente” y consideró vulnerados principios de democracia sindical y libertad sindical protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la OIT.
La resolución fue dictada en el marco de una presentación realizada por la Lista Naranja de Campana, que denunció irregularidades en la elección desarrollada entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.
El punto central del fallo: las urnas y el control electoral
El eje de la sentencia estuvo puesto en el sistema de custodia de las urnas durante los tres días de votación. Según la Cámara, las urnas permanecieron bajo control exclusivo de la Junta Electoral seccional en la sede sindical, sin escrutinios diarios ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad de los votos.
Los magistrados cuestionaron especialmente que la elección se extendiera durante tres jornadas sin controles reforzados y calificaron de “inaceptable e irrazonable” que los fiscales opositores fueran invitados a permanecer en la sede gremial para custodiar las urnas.
A partir de esa conclusión, el tribunal anuló la elección en Campana y dejó sin efecto la designación de las autoridades seccionales y de los delegados que integraron posteriormente el Colegio Electoral nacional.
“Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, señalaron los jueces en la resolución.
La disputa entre el sindicato metalúrgico, el Gobierno y el poder empresario
Dentro del sindicalismo comenzaron además a aparecer cuestionamientos hacia el rol del secretario de Trabajo, Julio Cordero, exdirectivo vinculado al Grupo Techint, y hacia sectores empresarios que mantienen fuertes disputas con la UOM en las negociaciones paritarias.
En distintos comunicados, referentes sindicales denunciaron una presunta articulación entre sectores judiciales, empresariales y funcionarios nacionales para debilitar a la conducción metalúrgica en medio de las discusiones salariales y del conflicto abierto por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La intervención de la UOM terminó así convirtiéndose en mucho más que una discusión electoral interna. El fallo abrió una disputa de alto voltaje político y sindical alrededor del control del principal gremio industrial del país, en un escenario marcado por tensiones salariales, reformas laborales y una creciente confrontación entre el Gobierno y parte del movimiento obrero organizado.
El movimiento obrero denunció un intento de “disciplinamiento”
La intervención generó una rápida reacción de rechazo dentro del sindicalismo argentino. La CGT expresó su oposición a cualquier intento de avanzar judicialmente sobre la autonomía sindical y advirtió que intervenir un sindicato implica “atacar la organización de los trabajadores”.
También se pronunciaron el Sindicato de Camioneros, las dos CTA, ATE y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio impulsado por la propia UOM junto a otros gremios que mantienen una postura crítica frente al gobierno nacional.
Las organizaciones sindicales coincidieron en interpretar el fallo como un intento de “disciplinamiento” contra sectores gremiales enfrentados a las reformas laborales y a las políticas de ajuste.
El FreSU calificó la resolución como una “persecución política” y sostuvo que el avance judicial ocurrió en medio de un conflicto salarial abierto y de una creciente confrontación entre la conducción metalúrgica y sectores empresarios.
La intervención abrió una crisis en el histórico gremio metalúrgico argentino
Como consecuencia del fallo, la Justicia desplazó a Abel Furlán y a toda la conducción nacional de la UOM, además de invalidar las designaciones realizadas desde la asunción de las nuevas autoridades.
La Cámara sostuvo que el sindicato quedó “acéfalo”, debido a que los mandatos anteriores ya habían vencido y las nuevas autoridades resultaron anuladas por la sentencia.
Frente a ese escenario, el tribunal resolvió intervenir judicialmente tanto la conducción nacional como la seccional Campana y designó como interventor al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá la tarea de convocar a nuevas elecciones dentro de los próximos 180 días.
El fallo también remarcó que la UOM avanzó con el proceso electoral nacional pese a haber sido notificada previamente de una medida cautelar que suspendía los comicios del 18 de marzo.
La interna metalúrgica que quedó expuesta
Más allá del expediente judicial, la intervención dejó al descubierto una disputa interna que desde hace meses atravesaba al histórico gremio metalúrgico.
Por un lado quedó el sector alineado con Furlán, respaldado principalmente por seccionales del conurbano bonaerense y del interior del país. Del otro, el histórico eje sindical integrado por Capital Federal, San Nicolás y La Plata, espacios que durante años tuvieron fuerte influencia dentro de la estructura de la UOM y que habían perdido centralidad tras el recambio interno.
Dentro de esa trama comenzaron a aparecer nombres vinculados al entramado político y judicial que rodeó la intervención. Uno de ellos es el abogado Tomás Calvo, históricamente ligado a sectores de la UOM y mencionado por sus vínculos con espacios del PRO, el radicalismo y el operador judicial Daniel “Tano” Angelici.
La designación de Alberto Biglieri como interventor también profundizó las sospechas dentro del universo metalúrgico, donde distintos sectores trazan conexiones entre el nuevo administrador judicial y espacios históricamente enfrentados a la conducción de Furlán.
