30 de abril de 2024. | Nº de edición: 1182

La CSI y la CSA pidieron al Gobierno argentino que reconsidere la resolución que criminaliza la protesta social

La organización internacional solicitó al gobierno reconsiderar de inmediato esta resolución y a respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los y las trabajadoras.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) condenaron de manera categórica la Resolución 943/2023 emitida por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina que criminaliza la protesta social y los derechos a la libertad de expresión.

La medida estipula un “Protocolo para el mantenimiento del orden
público ante el corte de vías de circulación,” que otorga poderes desmedidos a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para intervenir en manifestaciones y bloqueos de vías de circulación, lo cual implica para la confederación un debilitamiento de los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sindicales.

«Resulta evidente que bajo el falso pretexto de mantener el orden y supuestamente abordar ‘el impedimento al tránsito’, el gobierno argentino la verdad busca suprimir las legítimas manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas«, sentenció el comunicado de la CSI.

En ese sentido, la organización internacional solicitó al gobierno argentino reconsiderar de inmediato esta resolución y a respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los y las trabajadoras.

También envió un mensaje a la comunidad internacional para que condene estas medidas y se mantenga alerta ante cualquier intento por socavar la democracia y los derechos civiles en Argentina.

«Es particularmente alarmante que esta resolución prescinda de garantías judiciales posibilitando la identificación de los/as manifestantes, introduciendo una burda discriminación por razones de nacionalidad, creando un registro de organizaciones participantes de movilizaciones y abriendo el curso a demandas judiciales contra personas y organizaciones para resarcir ‘los costos operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos'», añadió la misiva.

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