Junto al Centro de Análisis e Investigación (Fundar), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) y La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la internacional se adhirió a una propuesta para transitar a una economía regional más humana.
La “Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” se basa en una declaración conjunta, en pos de una posición común a nivel regional para transitar hacia una economía basada en los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental y la justicia fiscal, con el fin de reducir la pobreza y las desigualdades.
Entre las medidas propuestas se encuentra: No dar por concluido el modelo de tributación de grandes corporaciones y abordar una tributación de la riqueza tanto con impuestos de solidaridad como recurrentes, que frene la híper concentración de la riqueza y los beneficios extraordinarios y desproporcionados de algunos sectores.
Además de “enfrentar el secreto financiero a través de la implementación de un Registro Global de Activos que vincule todos los activos con las personas que realmente controlan la riqueza (propietarios efectivos)”.
Según la declaración, las recientes crisis acrecentaron los niveles de desigualdad socioeconómica, la desigualdad de riqueza y rentas en la región, debilitando la capacidad de reacción de muchos de los países ante un escenario de doble crisis, en gran medida alimentada por un vacío histórico en las reformas fiscales.
