A pesar de los avances registrados en educación, reducción de la pobreza y productividad en las últimas tres décadas, las desigualdades estructurales, la pérdida de confianza en las instituciones y la lentitud de los progresos en áreas clave continúan obstaculizando la justicia social en el mundo. Así lo señala el informe “La situación de la justicia social: Progresos en curso”, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en vísperas de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que se celebrará en noviembre en Doha.
El documento, difundido en el marco del 30 aniversario de la Cumbre de Copenhague de 1995, reconoce que «l mundo es hoy más rico, más sano y más educado que entonces». Sin embargo, advierte que los beneficios no se han distribuido de manera equitativa y que la reducción de las desigualdades se ha estancado.
Desigualdades estructurales y brechas laborales
El documento evidenció que persisten déficits graves: El 71 % de los ingresos sigue determinado por condiciones de nacimiento como el país o el sexo; la informalidad laboral afecta al 58 % de los trabajadores y apenas ha descendido dos puntos en veinte años; y la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres se mantiene en el 24 %, con una reducción de solo tres puntos desde 2005. Según el informe, al ritmo actual, se necesitará un siglo para cerrar la brecha salarial de género.
La OIT también señala que la confianza en las instituciones ha disminuido globalmente desde 1982, reflejando una creciente frustración por la falta de reconocimiento justo del esfuerzo. “El mundo ha progresado de manera innegable, pero no podemos ignorar que millones de personas siguen excluidas de la oportunidad y de la dignidad en el trabajo”, afirmó Gilbert F. Houngbo, Director General de la OIT.
Justicia social como eje de las políticas globales
La propuesta subrayó que los cambios ambientales, digitales y demográficos están transformando los mercados laborales a gran velocidad, pero que sin políticas deliberadas, estas transiciones podrían profundizar las desigualdades. Por lo que el organismo propone medidas como inversión en capacidades, protección social, sistemas salariales justos y políticas activas de empleo para convertir estos cambios en motores de inclusión y resiliencia.
