Un reciente informe de Amnistía Internacional revela que en países clave de Asia —como Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka— el sector de la confección se sostiene gracias a la restricción sistemática del derecho a la sindicalización. Según la organización, empresas, fábricas y gobiernos «se benefician de la prevención de la sindicalización», lo que perpetúa salarios de miseria, contratos informales y condiciones laborales precarias.
Adopción del primer Repertorio de Recomendaciones para la industria textil motiva a los sindicatos
Amnesty International documenta que, en las fábricas investigadas, la presión sobre quienes intentan organizarse es constante. “Cuando las trabajadoras y trabajadores elevan la voz, los amenazan y despiden; cuando protestan, son golpeados, disparados o detenidos”, relata uno de los entrevistados. Según el espacio, estos abusos incluyen despidos injustificados, amenazas, hostigamiento y barreras legales para formar sindicatos, especialmente en zonas económicas especiales, lo que impide el acceso al derecho a la negociación colectiva.
El costo de silenciar la voz de los trabajadores
El informe también señala que la mayoría de quienes sufren estas condiciones —trabajadoras del sector textil— están expuestas a violencia de género, discriminación por casta o condición social y una notable precariedad laboral. La organización denuncia que rara vez tienen acceso a mecanismos de reparación efectivos.
La directora general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sintetizó la denuncia al afirmar que existe “una alianza inmoral entre marcas de moda, propietarios de fábricas y gobiernos que sostienen una industria basada en abusos sistemáticos”.
Para revertir esta situación, convocó a implementar de inmediato una estrategia global que garantice la libertad de asociación, sancione la negación del derecho a sindicalizarse, prohíba represalias y obligue a las empresas a rendir cuentas sobre sus cadenas de suministro.
