En las últimas horas, la CGT argentina confirmó la entrega por parte del Ministerio de Seguridad de ese país, de una intimación a las organizaciones gremiales, que participaron de la marcha del 27 de diciembre hacia Tribunales, para que abonen el costo del operativo de seguridad calculado en $40.000.000.
En respuesta, la CGT advirtió que «el gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado», acusando al Ejecutivo de avanzar una vez más contra los derechos de protesta y huelga consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales a los que Argentina se encuentra adherida.
Una de las primeras organizaciones regionales en pronunciarse frente a este hecho, fue la Federación Internacional del Transporte, quien a través de un comunicado sentenció: «Condenamos energéticamente la criminalización de la protesta, y especialmente actitudes amedrentadoras, como intentar cobrar supuestos e incomprobables gastos por algún operativo de la fuerza pública que ya recibe su salario y partida presupuestaria justamente para cuidar el orden público en estas y otras situaciones”.
Asimismo, la federación confirmó que continuará monitoreando la situación y no descartará medidas nacionales e internacionales, en defensa de los derechos de sus organizaciones afiliadas, los trabajadores del transporte y la sociedad argentina en su conjunto.
#Argentina 🇦🇷 Repudiamos la Carta Documento enviada por el Ministerio de Seguridad al Sindicato de Camioneros que criminaliza el derecho a la protesta y avasalla la libertad de expresión. #SomosITF #MovemosElMundo pic.twitter.com/v1BhZGey0G
— ITF Americas (@ITF_Americas) January 11, 2024
El ministerio otorgó diez días hábiles a las organizaciones sindicales para que cancelen el monto correspondiente a la sanción.
Mundo Gremial reveló que, sí pone en consideración que de la marcha del 27 de diciembre participaron aproximadamente 20 mil personas, el costo del operativo para el paro del 24 de enero- que apunta a estar más cercana al millón de trabajadores- arrojaría una suma cercana a los 4 mil millones de pesos.
La entidad madre del sindicalismo argentino remarcó que la disposición del gobierno es “ilegítima y contraria a la Constitución Nacional” y que “expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho a la huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento”, por las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo.
El Gobierno no va a condicionar al Movimiento Obrero Organizado pic.twitter.com/2NRApvI2l6
— cgtoficial (@cgtoficialok) January 11, 2024
