Varias organizaciones del sector público expusieron las razones por las que se oponen al documento enviado por el gremio de los fiscales a la Convención Constitucional, y advirtieron que podría constituir una grave vulneración de derechos laborales.
En primera instancia señalaron que, la iniciativa busca mejorar la condición laboral de los Fiscales del Ministerio Público generando nuevos cargos, desplazando su carga de trabajo a otros estamentos y desligándose de la atención de las víctimas.
“El documento no expresa elementos objetivos que permitan mejorar la persecución penal, la protección a las víctimas y testigos, ni se hace cargo de la sentida demanda de la ciudadanía respecto de mayor prolijidad, oportunidad y resultado de las investigaciones penales”, subraya uno de los reclamos de las asociaciones.
Además, plantearon que para la elección de altas autoridades presenta una barrera para otros profesionales- dentro y fuera del Ministerio Público- que quieren postularse al cargo de fiscal nacional o fiscal regional, ya que propone un sistema de nombramiento con requisito que no otorgan la objetividad ni la independencia en el proceso.
Finalmente, el pronunciamiento hizo un llamado a la ciudadanía en general y a los que integran la Convención Constitucional a rechazar la propuesta, rumbo a la construcción de un nuevo sistema judicial para Chile.
