La eurodiputada Marina Mesure elevó un planteo formal ante la Comisión Europea en el que expresó su preocupación por la represión contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) de Panamá, y solicitó la adopción de medidas concretas ante lo que definió como violaciones reiteradas a compromisos internacionales.
Mesure recordó que en mayo del año pasado consultó a la Comisión sobre la posible suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica debido a la situación sindical en Panamá, en particular tras las movilizaciones contra la Ley 462. Según indicó, estos hechos “constituyen una violación directa de los convenios n.º 87 y 98 de la OIT y del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y América Latina”.
Comisión Europea bajo presión por la represión sindical
En el comunicado, la eurodiputada señaló que, pese a que en julio de 2025 la Comisión informó que estaba evaluando los instrumentos a su disposición, “seis meses después, no solo no se ha impuesto ninguna sanción, sino que la situación sigue empeorando”. Añadió que la represión contra el SUNTRACS y sus afiliados se ha intensificado, con “al menos 17 registros arbitrarios y numerosas presiones sobre los trabajadores panameños”.
📢 ¡La solidaridad internacional se hace sentir! ✊🚩
La Eurodiputada @MarinaMesure alza la voz por el SUNTRACS ante la Comisión Europea. Denuncia que la represión en Panamá sigue empeorando y exige sanciones por violar acuerdos de derechos fundamentales. 🇪🇺🇵🇦 pic.twitter.com/q4Pd7P30zf— Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) February 4, 2026
La legisladora también cuestionó la falta de acciones concretas por parte del organismo europeo y planteó interrogantes formales sobre el estado actual de la evaluación anunciada y la eventual adopción de medidas, incluida “la suspensión parcial del acuerdo”, ante violaciones que calificó como probadas y documentadas.
En ese marco, la legisladora exigió explicaciones sobre la inacción institucional frente a la represión, subrayando que el propio acuerdo prevé mecanismos de sanción en casos de infracciones graves a los derechos fundamentales, según consta en el comunicado difundido.
