Cobertura especial desde Ginebra– La libertad sindical volvió a ocupar el centro de los debates de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo. En representación de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), su presidente, Matías Cremonte, advirtió sobre un escenario de retroceso de derechos laborales en distintos países de la región y reclamó una mayor intervención de los Estados para garantizar la protección de los trabajadores frente a los cambios económicos y tecnológicos.
Durante su intervención, el dirigente sostuvo que América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo y cuestionó el avance de políticas que, según afirmó, debilitan la negociación colectiva, amplían la precarización laboral y restringen la acción sindical. “Cada año debemos denunciar nuevos retrocesos”, señaló, al referirse a situaciones registradas en países como Ecuador, Honduras y Argentina.
Libertad sindical bajo presión
Cremonte dedicó buena parte de su exposición a la situación argentina y calificó la reciente reforma laboral como “un verdadero retroceso al siglo XIX”. Según afirmó, las modificaciones impulsadas por el Gobierno afectan la negociación colectiva, amplían la jornada laboral y reducen mecanismos de protección construidos históricamente por el derecho del trabajo. “El mayor ataque es contra la libertad sindical”, sostuvo al cuestionar las limitaciones al derecho de huelga, la actuación de los representantes gremiales y las políticas de disciplinamiento hacia las organizaciones sindicales.
El abogado también expresó preocupación por decisiones judiciales y administrativas que, a su entender, afectan la autonomía sindical. Entre los ejemplos mencionó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que calificó como una injerencia incompatible con los principios de libertad y democracia sindical. Además, denunció la criminalización de la protesta social y la represión de manifestaciones vinculadas a reclamos laborales y previsionales.
Al cerrar su discurso, Cremonte sostuvo que la región atraviesa “un momento de peligroso retroceso del derecho social” y afirmó que la OIT no puede permanecer indiferente frente a esas situaciones. “Debe actuar en defensa de la libertad sindical, los derechos laborales y las libertades democráticas”, concluyó, al reivindicar también el papel de la organización de los trabajadores como herramienta para enfrentar los desafíos actuales del mundo laboral.
