La Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) declaró Alerta Nacional” en los establecimientos de atención primaria de Chile tras denunciar que el Decreto 333, firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, contempla un recorte superior a los 18 mil millones de pesos al presupuesto destinado a la salud municipal. A través de un comunicado público, la organización sostuvo que la medida impactará directamente en la capacidad de respuesta del sistema sanitario y agravará problemas estructurales ya existentes.
En el pronunciamiento, Confusam afirmó que la ministra de Salud, May Chomalí, “faltó a la verdad” al asegurar previamente que los recortes no afectarían la atención directa a usuarios y usuarias. La organización señaló que el nuevo decreto “da cuenta de lo contrario” y advirtió que la reducción presupuestaria se suma al congelamiento por dos años del per cápita basal y al aumento de otros costos operativos, como los combustibles.
El comunicado menciona dificultades en la pesquisa temprana de cánceres, limitaciones para abordar la crisis de salud mental y falta de personal para el tratamiento y seguimiento de enfermedades crónicas. Para Confusam, estas condiciones “serán resentidas por la mayoría de las personas de este país, que se atienden en atención primaria”.
Salud pública y advertencias por el financiamiento sanitario
En otro tramo del documento, la organización planteó que “cada peso recortado hoy en salud, llevará mañana a gastar el doble”, al considerar que la disminución de recursos afectará tanto la prevención como la capacidad de respuesta temprana del sistema de salud pública. También sostuvo que la decisión “terminará asfixiando también al nivel primario”, generando una crisis sanitaria con consecuencias sobre la población.
El comunicado difundido por Confusam remarcó que el recorte ocurre en un contexto de desfinanciamiento previo de la atención primaria y cuestionó la orientación de algunas políticas sanitarias. Entre otros puntos, la organización criticó la compra de recursos oncológicos en el nivel secundario privado, argumentando que ello incrementa costos y debilita aún más el sistema público.
“No permitiremos que se desmantele un sistema de salud pública que tanto nos ha costado construir”, expresó la organización en el cierre de su declaración.
