El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores (CTA) de Argentina, Roberto Baradel, realizó una presentación ante el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT para denunciar la violación de convenios internacionales en la provincia de Jujuy.
La central sindical argentina planteó su preocupación ante el reciente dictado del Decreto 8464/23 del gobernador Gerardo Morales que busca penalizar la protesta social y cercenar el derecho de huelga consagrado en la Constitución Nacional, tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo habilitando la represión y la intervención de la justicia penal para acallar la protesta social.
La presentación realizada esta mañana en Ginebra ante la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Corinne Vargha, estuvo a cargo de Baradel y Andrés Larisgoitia, director de la Secretaría de Relaciones Internacionales de CTA.
Desde la CTA «consideramos que dicho decreto es manifiestamente ilegal, inconstitucional y violatorio de las más altas garantías constitucionales en materia de libertad sindical, libertad de expresión, derecho de petición ante las autoridades y derecho a la huelga, entre otros derechos consagrados tanto en la Constitución Nacional como en los convenios de la OIT, como por ejemplo los Convenios 87 y 98».
Ayer, Baradel junto a dirigentes de la CGT argentina solicitaron a la ministra de Trabajo de aquel país, Raquel «Kelly» Olmos, la intervención urgente del gobierno nacional en el conflicto desatado en la provincia de Jujuy.
Tanto la CGT como la CTA de los Trabajadores expresaron su repudio al decreto oficializado por el gobernador Gerardo Morales, que aplica una modificación al artículo 113 de la Ley N° 5860 “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy” para «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación», a la vez que actualiza el régimen de contravenciones y penas para respaldar facultades preventivas y punitivas.
El decreto Nº8464 se conoció en medio de la protesta que llevan adelante los docentes jujeños, con un paro por tiempo indeterminado en reclamo de recomposición salarial y contra la reforma constitucional que, según sostienen los sindicatos que los representan, «quita derechos”.
En su artículo 1º refiere que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
