Este estudio fue realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con financiación de Immigration, Refugees, Citizenship Canadá (IRCC), y en colaboración con la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundación GAAT.
La legislación promueve el rol de la Dirección del Trabajo y de la Contraloría General de la República en los procedimientos de investigación, con el objetivo de dar garantías a las y los denunciantes.
El documento identificó que el trabajo administrativo es la categoría con mayor exposición tecnológica, con casi una cuarta parte de las tareas consideradas altamente expuestas.
