Para los sindicatos, el reto ahora es evitar que las plataformas trasladen su poder económico al campo normativo, debilitando los derechos laborales en nombre de la flexibilidad digital.
Esta iniciativa cobra relevancia en medio de reiterados anuncios gubernamentales sobre investigaciones y eventuales sanciones por mal uso de estos permisos.
El pronunciamiento destacó que no solo se han debilitado las capacidades regulatorias de los Estados, sino que han “disciplinado a las poblaciones trabajadoras mediante la amenaza constante de relocalización, precarización y desposesión”.
