El congresista, Juan Burgo, sentenció que SEDAPAL, como empresa principal y estatal, está en la obligación de hacer respetar estos derechos fundamentales de los trabajadores.
El acuerdo establece que la empresa se comprometerá a pagar íntegramente los derechos laborales, incluyendo la indemnización por despido y el fondo de garantía para quienes sean despedidos.
Para la categoría, el gobierno no tuvo en cuenta demandas de los funcionarios, como el congelamiento salarial de casi una década y pérdidas superiores al 30%.
