La iniciativa busca registrar amenazas, despidos, recortes de beneficios y otras formas de presión vinculadas con las preferencias políticas de los trabajadores durante las elecciones de 2026.
La organización señala el robo de equipos y advierte sobre puntos vulnerables en las instalaciones, mientras cuestiona el uso de cámaras para controlar al personal.
Las organizaciones solicitaron una audiencia con la Presidencia de la República para plantear medidas sobre empleo, emergencia sectorial, sostenibilidad de la actividad y asistencia económica a trabajadores afectados.
La nueva legislación busca garantizar una remuneración justa, fortalecer los controles sobre las operaciones de transporte y vincular las condiciones laborales con la seguridad vial y la sostenibilidad del sector.
La Asociación Dominicana de Profesores señaló que unos 42 centros educativos presentan condiciones críticas y reclamó al Gobierno acelerar las intervenciones y cubrir las vacantes de personal docente, administrativo y de apoyo.
