Sindicatos de trabajadores de la pesca industrial de Perú solicitaron una audiencia urgente con la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, para exponer la situación que atraviesa el sector y reclamar medidas ante los efectos atribuidos al fenómeno de El Niño. En dos cartas fechadas el 5 y el 19 de agosto, las organizaciones plantearon la necesidad de establecer un espacio de diálogo con el Gobierno y avanzar en medidas de protección para los trabajadores de la actividad pesquera.
Entre sus principales pedidos, los sindicatos reclaman la emisión de una Resolución Ministerial para conformar un Grupo de Trabajo Sectorial, con participación de las organizaciones sindicales, destinado a abordar los problemas sociolaborales de la pesca industrial. También solicitan una declaratoria de emergencia para el sector y una mesa técnica que permita definir mecanismos de apoyo social, económico directo y financiamiento para los trabajadores de plantas procesadoras.
Entre las organizaciones firmantes figuran sindicatos de trabajadores del Puerto de Chimbote, de empresas pesqueras y de plantas procesadoras de la región, que representan a trabajadores de flota y tierra. Las entidades solicitaron que el Gobierno intervenga mediante una respuesta coordinada y un espacio formal de diálogo para abordar las demandas planteadas.
Emergencia, sostenibilidad y participación de los trabajadores
Las organizaciones también plantearon que las decisiones vinculadas a la actividad pesquera se sustenten en evaluaciones técnicas y científicas independientes, con participación del Instituto del Mar del Perú, y rechazaron medidas que, según expresaron, puedan desestabilizar el sector. En la segunda carta señalaron además la necesidad de fortalecer el diálogo entre el Estado, las empresas y los sindicatos.
El planteo sindical incluye cuestionamientos a la respuesta estatal y a la situación económica de los trabajadores. “La insuficiencia del esfuerzo privado y el ausentismo del Estado” es uno de los puntos señalados en la carta del 19 de agosto, donde las organizaciones sostienen que algunas empresas han brindado apoyo económico a sus trabajadores, pero consideran que esa respuesta no resulta suficiente frente a la magnitud de la situación.
En la primera solicitud, las organizaciones habían pedido una audiencia con carácter de urgencia, una resolución ministerial para conformar el grupo de trabajo y una declaratoria de emergencia para la pesca industrial. En la segunda misiva, reiteraron el pedido y fijaron el 24 de agosto de 2026 como plazo para recibir una respuesta de la Presidencia. Los sindicatos señalaron que, de persistir la falta de respuesta, podrían “radicalizar nuestra lucha y salir multitudinariamente a las calles”.
