La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.), junto con las organizaciones sindicales que la integran, declaró el estado de alerta permanente y movilización ante el avance de un proyecto de ley que, según denuncian, busca profundizar la apertura del cabotaje nacional a buques extranjeros bajo el argumento de reducir los costos logísticos. En un comunicado conjunto difundido el 3 de noviembre, la federación cuestionó que la iniciativa no contemple medidas para desarrollar la flota nacional y advirtió posibles consecuencias para el empleo, las empresas locales y la industria naval.
El rechazo no apunta, según las propias organizaciones, a mejorar la eficiencia del sector. «No nos oponemos al progreso, a la eficiencia ni a la competitividad de nuestra Marina Mercante», señalaron. Sin embargo, cuestionaron que «en nombre de la reducción de costos, se pretenda sustituir nuestra bandera sin corregir las asimetrías económicas, tributarias y operativas que perjudican al transporte nacional».
También señalaron que la actividad podría quedar concentrada en operadores extranjeros, particularmente de bandera paraguaya, con capacidad para condicionar las tarifas y los servicios destinados a productores y economías regionales.
Cabotaje argentino: empleo, flota nacional y competencia en disputa
En el apartado dirigido a los gobernadores, los sindicatos cuestionaron que se presente la participación de empresas extranjeras como única salida para las economías regionales. «Defender el trabajo de unos no puede justificar la sustitución de otros por trabajadores extranjeros», sostuvieron. Además, plantearon interrogantes sobre el futuro del transporte de cargas: «¿Quién garantizará entonces tarifas competitivas? ¿Quién impedirá que esa posición dominante termine imponiendo precios y condiciones a nuestros productores y economías regionales?».
Como alternativa, las organizaciones reclamaron inversiones en infraestructura portuaria, integración multimodal, equidad tributaria y recuperación de la capacidad de transporte nacional. También exigieron al Poder Ejecutivo y al Congreso que cualquier reforma garantice la defensa del cabotaje, el empleo argentino y la participación de las entidades representativas.
«No hay desarrollo nacional entregando el transporte de nuestras cargas», concluye el documento, que lleva las firmas de dirigentes de organizaciones como el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales y otras entidades del sector.
