La huelga de hambre que trabajadores de SINALTRAINAL mantienen frente a la fábrica de Nestlé en Bugalagrande, Colombia, quedó atravesada por una nueva denuncia: la presencia de personal militar del Ejército Nacional en el lugar de la protesta. Una Acción Urgente difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario y la Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc) sostiene que los huelguistas están siendo «acosados por personal militar del Ejército Nacional» y reclama la retirada inmediata de las tropas.
Las organizaciones cuestionaron el despliegue militar y señalaron que «el uso de tropas militares está excluido de los mecanismos de control de las manifestaciones públicas, tanto en virtud de la legislación nacional como de las normas internacionales de derechos humanos». Según el documento, esta intervención «pone en peligro la vida de los civiles que no participan en ningún tipo de confrontación armada». Por ello, solicitaron al presidente de Colombia que ordene el retiro de los efectivos militares y reclamaron garantías para quienes participan de la medida.
El reclamo llegó a la Embajada de Canadá
El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) también intervino en el conflicto y envió una carta urgente al embajador de Canadá en Colombia para respaldar las demandas de SINALTRAINAL y Nomadesc. «El uso de la fuerza militar contra trabajadores en huelga de hambre constituye una flagrante violación de los derechos laborales fundamentales», sostuvo la organización. Además, pidió la retirada de las tropas armadas de la planta y la protección de los afiliados al sindicato, que, según CUPE, llevan más de 900 días reclamando por sus derechos y puestos de trabajo.
La intervención canadiense también se vincula con la provisión de equipamiento militar al Ejército colombiano. Peace Brigades International (PBI-Canadá) recordó que en junio de 2023 la Canadian Commercial Corporation anunció un contrato para suministrar 55 vehículos blindados ligeros fabricados por General Dynamics Land Systems-Canada. La entidad canadiense informó que el contrato incluía cláusulas estrictas sobre el uso final de los vehículos. En ese contexto, PBI-Canadá pidió a su Embajada que garantice que el material militar de fabricación canadiense no sea utilizado para obstaculizar los derechos de los trabajadores que participan de la huelga.
La denuncia se suma a un conflicto que comenzó antes de la medida de fuerza: SINALTRAINAL reclama la restitución de contratos suspendidos que, según sus cifras, del 10 de agosto de 2026 en la planta de Bugalagrande. En paralelo, trabajadores de Comestibles La Rosa, en Dosquebradas, denunciaron la suspensión de otros 221 contratos.
